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Coronavirus en USA: ¿Por qué los trabajadores latinos son los más afectados?

Oficialmente los 50 estados de la Unión Americana han comenzado a dar pasos hacia la reapertura, sin embargo, el brote de coronavirus sigue latente en el país, y aunque millones de estadounidenses han tenido la oportunidad de quedarse en casa para contrarrestar el número de contagios, la situación no ha sido la misma con los latinos.

Y es que, es justo este sector de la población el que ha resultado más afectado ante la crisis sanitaria, pues la mayoría de los trabajos esenciales, los cuales no pudieron suspender labores pese al brote, se encuentran conformados por latinos; y gracias al labor de éstos Estados Unidos continúa de pie.

Pues, más del 50% de los empleados considerados esenciales son latinos, muchas veces pertenecientes al sector de la agricultura, la construcción, la industria alimentaria, la limpieza y más; es por ello que esta comunidad ha sido la más afectada, pues trabajan en lugares que no sólo son mal pagados, sino, que se les exige abandonar sus hogares día tras día para seguir con una labor cuya interacción los pone en riesgo.

Latinos: El Seguro Médico no está de su lado

Asimismo, otro gran factor para que la comunidad latina resulte ser la más afectada es el seguro médico, pues hay que recalcar que muchos son inmigrantes indocumentados, por lo que, con la nueva Ley de Carga Pública, éstos temen asistir al médico, ya que, como lo mencionó Donald Trump, todo aquel que represente una “carga” para el país, en cuanto a gastos, no tendrá el derecho de gozar de los beneficios migratorios, tales como solicitar la residencia o la naturalización.

Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer que, mientras dure la pandemia en el país de las barras y las estrellas, las pruebas, así como el tratamiento por coronavirus no serán considerados como un factor negativo dentro de la Ley de Carga Pública.

Aunque claro, otra gran barrera es la comunicación y el idioma, dando como resultado que muchos latinos se encuentren desinformados, añadiendo así una causa más al por qué son la comunidad más afectada en esta pandemia.

Regla de carga pública: ¿qué es y cómo afectará a los inmigrantes en Estados Unidos?

Desde el lunes 24 de febrero de 2020 entró en vigor en todo Estados Unidos la nueva regla de “carga pública” que permite a funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) negar algunos beneficios migratorios, incluyendo la residencia permanente, a ciertos inmigrantes que reciban beneficios públicos.

¿QUÉ ES LA REGLA DE CARGA PÚBLICA?

De acuerdo con la agencia del Departamento de Seguridad Nacional, se define como “carga pública” a una persona que “probablemente se convierta en dependiente del gobierno para su subsistencia”.

A partir del próximo lunes 24 de febrero, se vinculará el uso de la asistencia pública con los méritos o requisitos para determinar si una persona “es inadmisible” tras haber solicitado la extensión de una visa, la admisión a Estados Unidos o el ajuste de su estatus (‘green card’).

La ley de inadmisibilidad por motivo de carga pública no es nueva. Hace más de 100 años que el Congreso estableció un estatuto que hace inadmisibles a Estados Unidos a personas que no pueden sostenerse a sí mismos.

Entonces, ¿qué pasará ahora? El nuevo protocolo establece de que el gobierno a partir de ahora tendrá más flexibilidad a la hora de negar visas o residencias si los solicitantes o miembros de su familia se van a beneficiar de ayudas públicas, entre ellas, por ejemplo, Medicaid, programa de alimentación para niños o los vouchers de alimentos.

“Si en un período de 3 años, la persona recibe por 12 meses consecutivos esa ayuda, el gobierno no permitirá que la persona ingrese a Estados Unidos como residente”, explica el abogado especialista en inmigración, Irving Gonzalez, a Univisión.

Esta regla afecta a los inmigrantes que, debido a una enfermedad, embarazo y otras discapacidades temporales, aprovecharon beneficios, subsidios, asistencia nutricional o asistencia para vivienda, sobre la cantidad permitida.

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS DE LA NUEVA REGLA FINAL?

  1. Establece la definición de carga pública como una persona que recibe uno o más beneficios públicos por más de 12 meses en total, dentro de cualquier período de 36 meses. Personas que son consideradas “carga pública” bajo esta definición generalmente serán inadmisibles para cambio de estatus o extensión de estadía.
  2. Cambia el estándar que usa el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para determinar qué probabilidad existe que un extranjero se convierta en “carga pública” en el futuro, haciendo que sea inelegible para la admisión o el ajuste de estatus. Al determinar si un extranjero es inadmisible por este motivo, deben considerar la edad del extranjero, salud, estado familiar, activos, recursos y estado financiero, educación y habilidades.
  3. “Los factores a determinar son aproximadamente ocho y deberán tenerlos todo en cuenta al momento de decidir si aprueban o no una visa o la residencia. A partir de ahora habrá más posibilidades de determinar que una persona podrá convertirse en carga pública y le negarán el trámite”.

¿QUIÉNES SON EXENTOS DE SER CARGA PÚBLICA?

  • La nueva regla excluye de la definición de carga pública por el uso de beneficios públicos a las siguientes personas:
  • Niños adoptados internacionalmente que adquieren la ciudadanía estadounidense.
  • Extranjeros menores de 21 años de edad y mujeres embarazadas que usan beneficios de Medicaid.
  • Personas que usan Medicaid por servicios escolares (incluidos los servicios proporcionados bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades).
  • Personas que usan beneficios de Medicaid para servicios médicos de emergencia.
  • Miembros en servicio activo o en reserva de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sus cónyuges e hijos.
  • Refugiados, solicitantes de asilo, jóvenes inmigrantes especiales (SIJS), algunas víctimas de trata de personas (visa T de no inmigrante), víctimas de actividades delictivas cualificadas (visa U de no inmigrante) o víctimas de violencia doméstica (autopeticionarios VAWA), entre otros.
  • Ante este panorama, activistas que defienden los derechos de los inmigrantes señalan que la falta de información y la incertidumbre generada tras el primer anuncio del gobierno, ha tenido impacto en la comunidad, y denuncian que muchos extranjeros con hijos estadounidenses los han retirado de programas para los cuales califican legalmente por miedo a ser afectados en trámites de legalización futuros.

Inmigración pide que se reabran casos de deportación de “Dreamers”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está solicitando a cortes de inmigración de todo el país que retome casos de deportación ya cerrados por la vía administrativa de beneficiarios de la Acción Diferida (DACA), confirmó la agencia federal a CNN.

El medio informó este sábado de que ICE les indicó a través de un correo electrónico de que “la reprogramación de casos administrativamente cerrados está ocurriendo en todo el país”.

Esta afirmación confirma la denuncia de abogados y grupos de defensa de los derechos civiles que en las últimas semanas han llamado la atención sobre casos ocurridos en varios estados del país.

Las denuncias comenzaron a llegar semanas antes de que la Corte Suprema escuchara el pasado 12 de noviembre los argumentos sobre la disputa legal generada por la decisión del presidente Donald Trump de cancelar en septiembre de 2017 este programa que actualmente protege a unos 660.000 “soñadores” de la deportación.

Estos jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños de la mano de sus padres, también indocumentados, están a la espera de que la Corte Suprema decida en el primer semestre de 2020 si la Administración del presidente Donald Trump puede suspender DACA.

En caso de que el Máximo tribunal dé la razón al Gobierno, numerosos “dreamers” se verían de nuevo a las puertas de la deportación, pues en muchos casos el Gobierno cerró administrativamente sus casos con cargos no penales, como violaciones de tráfico, para que pudieran obtener DACA.

Pero al reabrir sus casos ahora la elegibilidad de los “soñadores” para renovar DACA estaría en peligro y abriría las puertas a su deportación cuando su permiso de residencia expire.

José Alonso Muñoz, portavoz de United We Dream, el mayor grupo de “soñadores” del país, dijo hoy a Efe que la confirmación de la reapertura de casos demuestra que el “plan último” del Gobierno Trump es deportar al mayor número posible de indocumentados.

En su opinión, no se trata solo de las redadas en lugares de trabajo o las detenciones de inmigrantes en la frontera, sino que los amparados bajo DACA también son una “prioridad” en su objetivo de acelerar las deportaciones.

En 2018, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, prohibió que los jueces de inmigración pudieran cerrar más casos administrativamente.

Además, a raíz de esta decisión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, indicó en un memorándum que planeaba reabrir unos 355.000 casos, muchos de los cuales estaban cerrados desde hacía mucho tiempo.

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