El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está solicitando a cortes de inmigración de todo el país que retome casos de deportación ya cerrados por la vía administrativa de beneficiarios de la Acción Diferida (DACA), confirmó la agencia federal a CNN.

El medio informó este sábado de que ICE les indicó a través de un correo electrónico de que “la reprogramación de casos administrativamente cerrados está ocurriendo en todo el país”.

Esta afirmación confirma la denuncia de abogados y grupos de defensa de los derechos civiles que en las últimas semanas han llamado la atención sobre casos ocurridos en varios estados del país.

Las denuncias comenzaron a llegar semanas antes de que la Corte Suprema escuchara el pasado 12 de noviembre los argumentos sobre la disputa legal generada por la decisión del presidente Donald Trump de cancelar en septiembre de 2017 este programa que actualmente protege a unos 660.000 “soñadores” de la deportación.

Estos jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños de la mano de sus padres, también indocumentados, están a la espera de que la Corte Suprema decida en el primer semestre de 2020 si la Administración del presidente Donald Trump puede suspender DACA.

En caso de que el Máximo tribunal dé la razón al Gobierno, numerosos “dreamers” se verían de nuevo a las puertas de la deportación, pues en muchos casos el Gobierno cerró administrativamente sus casos con cargos no penales, como violaciones de tráfico, para que pudieran obtener DACA.

Pero al reabrir sus casos ahora la elegibilidad de los “soñadores” para renovar DACA estaría en peligro y abriría las puertas a su deportación cuando su permiso de residencia expire.

José Alonso Muñoz, portavoz de United We Dream, el mayor grupo de “soñadores” del país, dijo hoy a Efe que la confirmación de la reapertura de casos demuestra que el “plan último” del Gobierno Trump es deportar al mayor número posible de indocumentados.

En su opinión, no se trata solo de las redadas en lugares de trabajo o las detenciones de inmigrantes en la frontera, sino que los amparados bajo DACA también son una “prioridad” en su objetivo de acelerar las deportaciones.

En 2018, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, prohibió que los jueces de inmigración pudieran cerrar más casos administrativamente.

Además, a raíz de esta decisión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, indicó en un memorándum que planeaba reabrir unos 355.000 casos, muchos de los cuales estaban cerrados desde hacía mucho tiempo.