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The government is processing the withdrawal of some 1,600 cases of illegally obtained citizenship

Since September 2016, the DHS Office of Inspector General has warned the government that hundreds of aliens improperly obtained citizenship, some with deportation orders, and then used another name.

Immigration authorities ordered the start of the process to withdraw some 1,600 illegally obtained citizenships, states a memorandum written in response to a request sent by the law firm Matthew Hopoock through the Public Information Act (FOIA).

The report describes the process used by the Bureau of Citizenship and Immigration Services (USCIS) to determine the number of cases investigated, the causes and the denaturalization processes that have been initiated.

The document states that the problem of suspicious naturalizations was noticed in 2016 when the Historical Fingerprint Enrollment (HFE) recommended that Immigration and Customs Enforcement (ICE) “complete the review of 148,000 alien files (A-files) and upload into the IDENT database all fingerprints of individuals who had final orders of deportation or criminal records, and were also fugitives.

A report by the Inspector General of the Department of Homeland Security (IGDHS) dated September 8, 2016 then recommended that the USCIS establish a plan to “evaluate the eligibility of each naturalized citizen whose fingerprint record reveals a deportation and removal order under a different identity.

The USCIS said that it manually reviewed approximately 2,000 naturalization cases and found that, after entering the fingerprints into the system, about 1,600 of those files were for people who had naturalized and had previously “received an order of deportation under a different identity” or had been deported.

  • Illegal naturalization
  • Obtaining by concealment of a material fact or by deliberate misrepresentation of a material fact
  • Inmigración pide que se reabran casos de deportación de “Dreamers”

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está solicitando a cortes de inmigración de todo el país que retome casos de deportación ya cerrados por la vía administrativa de beneficiarios de la Acción Diferida (DACA), confirmó la agencia federal a CNN.

    El medio informó este sábado de que ICE les indicó a través de un correo electrónico de que “la reprogramación de casos administrativamente cerrados está ocurriendo en todo el país”.

    Esta afirmación confirma la denuncia de abogados y grupos de defensa de los derechos civiles que en las últimas semanas han llamado la atención sobre casos ocurridos en varios estados del país.

    Las denuncias comenzaron a llegar semanas antes de que la Corte Suprema escuchara el pasado 12 de noviembre los argumentos sobre la disputa legal generada por la decisión del presidente Donald Trump de cancelar en septiembre de 2017 este programa que actualmente protege a unos 660.000 “soñadores” de la deportación.

    Estos jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños de la mano de sus padres, también indocumentados, están a la espera de que la Corte Suprema decida en el primer semestre de 2020 si la Administración del presidente Donald Trump puede suspender DACA.

    En caso de que el Máximo tribunal dé la razón al Gobierno, numerosos “dreamers” se verían de nuevo a las puertas de la deportación, pues en muchos casos el Gobierno cerró administrativamente sus casos con cargos no penales, como violaciones de tráfico, para que pudieran obtener DACA.

    Pero al reabrir sus casos ahora la elegibilidad de los “soñadores” para renovar DACA estaría en peligro y abriría las puertas a su deportación cuando su permiso de residencia expire.

    José Alonso Muñoz, portavoz de United We Dream, el mayor grupo de “soñadores” del país, dijo hoy a Efe que la confirmación de la reapertura de casos demuestra que el “plan último” del Gobierno Trump es deportar al mayor número posible de indocumentados.

    En su opinión, no se trata solo de las redadas en lugares de trabajo o las detenciones de inmigrantes en la frontera, sino que los amparados bajo DACA también son una “prioridad” en su objetivo de acelerar las deportaciones.

    En 2018, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, prohibió que los jueces de inmigración pudieran cerrar más casos administrativamente.

    Además, a raíz de esta decisión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, indicó en un memorándum que planeaba reabrir unos 355.000 casos, muchos de los cuales estaban cerrados desde hacía mucho tiempo.

    Corte falla a favor de nueva regla de carga pública, pero . . .

    Corte falla a favor de nueva regla de carga pública, pero seguirá en suspenso por demandas pendientes

    En una decisión dividida (2-1), un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló el jueves a favor de la nueva regla de carga pública del gobierno de Donald Trump, pero la medida seguirá en suspenso hasta que se resuelvan demandas pendientes en tribunales de otros circuitos.
    Los jueces determinaron que la suspensión de la nueva regla provocaría al DHS un “daño irreparable”, que la suma de dificultades “favorece una estadía” y que la estadía de los extranjeros en el país es un asunto “de interés público”.
    El fallo también señala que desde 1882, cuando el Congreso promulgó el primer estatuto migratorio, la ley prohíbe la admisión a Estados Unidos de “cualquier persona incapaz de cuidarse a sí mismo sin convertirse en una carga pública”.

    La norma en suspenso permite a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) negar beneficios migratorios, incluso la residencia legal permanente (green card), a extranjeros que utilizan ayudas públicas tal como cupones de comida, asistencia médica o ayuda para el pago de la vivienda, entre otros.

    Las sentencias prohibieron al gobierno la implementación de la nueva norma, que de acuerdo con organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, grupos religiosos y abogados, afectaría a miles de extranjeros, sobre todo de bajos recursos económicos que incluso califican para recibir ciertos tipos de asistencias por parte del Estado.
    Advierte además que, para hacer esta determinación, el funcionario consular, al momento de cursar una petición de visa o beneficio migratorio, como mínimo debe tener en cuenta una serie de factores, entre ellos edad, salud, estado familiar, activos, recursos y estado financiero, educación y habilidades de la persona.

    Si entra en vigor, “la nueva regla cambiará fundamentalmente quiénes somos como país, transformándonos de un país que acoge a las personas que quieren esforzarse para mejorar su vida, en un país manipulado para favorecer a los ricos”, habvía dicho poco antes del dictamen el National Immigration Law Center (NILC).

    “Según la política vigente, los ciudadanos extranjeros que usan beneficios no monetarios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y Medicaid, no se consideraban carga pública. Pero la nueva regla cambia el concepto para incluir esos y otros programas de beneficios no monetarios”, advirtió.
    El Departamento de Justicia celebró el dictamen de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito y confía en que al final de la disputa jurídica el gobierno de Trump implemente la nueva regla.

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    The Secretary of DHS may designate a country to TPS due to the following temporary conditions

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    Domestic Violence is a serious problem for the family, particularly the family that has an undocumented person.

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    Deportation of a family member from this country is a life-changing event.La deportación de un familiar de este país es algo que le cambia la vida.

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    The Residency process is an extremely important step in the immigration process.

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    Our immigration law firm can help you become a U.S. citizen.

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