Since September 2016, the DHS Office of Inspector General has warned the government that hundreds of aliens improperly obtained citizenship, some with deportation orders, and then used another name.
Immigration authorities ordered the start of the process to withdraw some 1,600 illegally obtained citizenships, states a memorandum written in response to a request sent by the law firm Matthew Hopoock through the Public Information Act (FOIA).
The report describes the process used by the Bureau of Citizenship and Immigration Services (USCIS) to determine the number of cases investigated, the causes and the denaturalization processes that have been initiated.
The document states that the problem of suspicious naturalizations was noticed in 2016 when the Historical Fingerprint Enrollment (HFE) recommended that Immigration and Customs Enforcement (ICE) “complete the review of 148,000 alien files (A-files) and upload into the IDENT database all fingerprints of individuals who had final orders of deportation or criminal records, and were also fugitives.
A report by the Inspector General of the Department of Homeland Security (IGDHS) dated September 8, 2016 then recommended that the USCIS establish a plan to “evaluate the eligibility of each naturalized citizen whose fingerprint record reveals a deportation and removal order under a different identity.
The USCIS said that it manually reviewed approximately 2,000 naturalization cases and found that, after entering the fingerprints into the system, about 1,600 of those files were for people who had naturalized and had previously “received an order of deportation under a different identity” or had been deported.
The Supreme Court ruled Thursday that the government cannot immediately proceed with its plan to end DACA, a program that protects some 700,000 young immigrants known as dreamers, most of whom entered the country illegally as minors, from deportation.
The Court’s decision represents a victory and that the little more than 640,000 dreamers covered by the program will be able to stay and work legally in the United States.
DACA was put into effect on August 15, 2012, temporarily halting the deportations of some 700,000 undocumented youth who entered the country before their 16th birthday and are known as dreamers. It includes a renewable employment authorization every two years document that also allows them to manage a Social Security number.
La solicitud se debe presentar ante las autoridades estadounidenses, al menos, 45 días antes de la fecha límite que tienes para salir del país.
Usted puede solicitar una prórroga de su estadía en los Estados Unidos si:
La prórroga de la estadía no se otorga automáticamente. Estudiaremos su situación, su estatus, las razones por las que quiere prorrogar su estadía, y entonces decidiremos si le otorgamos la prórroga o no. Si se la otorgamos, también decidiremos por cuánto tiempo prorrogaremos su estadía. No le otorgaremos la prórroga si las circunstancias indican que no hay una justificación para la prórroga.
¿Qué pasará si presento a tiempo una solicitud para prorrogar mi estadía, pero USCIS no toma una decisión antes de que mi I-94 caduque?
Una vez que su Formulario I-94 caduque, su estatus legal de no inmigrante termina, y estará fuera del estatus, aunque haya presentado a tiempo la solicitud para prorrogar su estatus de no inmigrante. Generalmente, como una decisión de criterio, USCIS podrá abstenerse de llevar a cabo cualquier proceso de repatriación hasta que se tome una decisión sobre su solicitud y USCIS resuelva su solicitud para prorrogar su estatus de no inmigrante. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) podrá presentar un proceso de repatriación en su contra, aunque usted tenga pendiente una solicitud para prorrogar su estadía.
Aunque no se encuentre en un estatus legal de no inmigrante real, tampoco acumulará una “presencia ilegal” para efectos de inadmisibilidad bajo la sección 212(a)(9)(B) de la Ley, mientras el estatus de su solicitud de prórroga esté pendiente, si fue enviada antes de que su Formulario I-94 caducara.
Aunque esté fuera del estatus, usted está permitido, dependiendo de su clasificación, de continuar en su trabajo previamente autorizado por un máximo de 240 días, mientras su solicitud de prórroga está pendiente si USCIS recibe su solicitud antes de que su Formulario I-94 caduque, y usted no haya violado los términos de su estatus no inmigrante. Usted deberá de dejar de trabajar, inmediatamente, cuando cualquiera de los siguientes eventos ocurra primero:
Si su solicitud para la prórroga de su estadía es aprobada, la aprobación se relacionará con la fecha en que su Formulario I-94 caducó, y su estatus durante el tiempo en el que su solicitud estuvo pendiente se considerará legal.
Oficialmente los 50 estados de la Unión Americana han comenzado a dar pasos hacia la reapertura, sin embargo, el brote de coronavirus sigue latente en el país, y aunque millones de estadounidenses han tenido la oportunidad de quedarse en casa para contrarrestar el número de contagios, la situación no ha sido la misma con los latinos.
Y es que, es justo este sector de la población el que ha resultado más afectado ante la crisis sanitaria, pues la mayoría de los trabajos esenciales, los cuales no pudieron suspender labores pese al brote, se encuentran conformados por latinos; y gracias al labor de éstos Estados Unidos continúa de pie.
Pues, más del 50% de los empleados considerados esenciales son latinos, muchas veces pertenecientes al sector de la agricultura, la construcción, la industria alimentaria, la limpieza y más; es por ello que esta comunidad ha sido la más afectada, pues trabajan en lugares que no sólo son mal pagados, sino, que se les exige abandonar sus hogares día tras día para seguir con una labor cuya interacción los pone en riesgo.
Asimismo, otro gran factor para que la comunidad latina resulte ser la más afectada es el seguro médico, pues hay que recalcar que muchos son inmigrantes indocumentados, por lo que, con la nueva Ley de Carga Pública, éstos temen asistir al médico, ya que, como lo mencionó Donald Trump, todo aquel que represente una “carga” para el país, en cuanto a gastos, no tendrá el derecho de gozar de los beneficios migratorios, tales como solicitar la residencia o la naturalización.
Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer que, mientras dure la pandemia en el país de las barras y las estrellas, las pruebas, así como el tratamiento por coronavirus no serán considerados como un factor negativo dentro de la Ley de Carga Pública.
Aunque claro, otra gran barrera es la comunicación y el idioma, dando como resultado que muchos latinos se encuentren desinformados, añadiendo así una causa más al por qué son la comunidad más afectada en esta pandemia.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ) anunció el lunes “varias políticas y procedimientos para mejorar las oportunidades de empleo de los trabajadores estadounidenses durante esta pandemia”.
En un comunicado, la agencia dijo que “reconoce que hay retos relacionados a inmigración debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19)”.
Los trabajadores y no inmigrantes –que regularmente deben salir del territorio para volver a aplicar- pueden permanecer de forma involuntaria en Estados Unidos -más allá de su periodo de admisión autorizado debido al COVID-19- y si así fuera, indica DHS, quedan disponibles algunas opciones.
Los involucrados en estos casos pueden solicitar una Extensión de Estadía, documento que el departamento asegura que actualmente “acepta y procesa solicitudes y peticiones”, y agregó que muchos de sus formularios están disponibles para presentación en línea.
En caso de presentar la solicitud “de manera oportuna”, el departamento dijo que “se extenderá automáticamente la autorización de empleo con el mismo empleador” y que será “hasta 240 días después del vencimiento del I-94”.
La entidad señala en su anuncio que existe flexibilidad en los “casos de Solicitudes Tardías” y que el Servicio de Inmigración “podría considerar los retrasos debido a la pandemia de coronavirus”.
Bajo las regulaciones vigentes y según lo indicado en la página de Situaciones Especiales, “si un peticionario o solicitante presenta una petición de estadía o de cambio de estatus (en los formularios I-129 o I-539) después de que venza el periodo de admisión autorizado, USCIS, a discreción propia, podría excusar el no haber presentado la petición a tiempo si se debió a circunstancias extraordinarias fuera de su control como, por ejemplo, aquellas que puedan ser causadas por COVID-19”.
Para estas exenciones “el peticionario o solicitante debe presentar evidencia creíble para apoyar su petición, que USCIS evaluará según cada caso individual”.
Dichas situaciones especiales han sido utilizadas en varias ocasiones en el pasado, incluso durante desastres naturales y crisis similares.
Inmigración recomienda revisar las páginas de los formularios I-129 e I-539 para obtener los requisitos específicos de presentación y elegibilidad para extensiones de estadía y cambios de estatus.
Las víctimas de violencia doméstica podrían tener derecho a solicitar una tarjeta de residencia (green card) para sí mismas, en cumplimiento de un programa que se conoce como VAWA, por sus siglas en inglés. Esto son 9 puntos a tener en cuenta antes de iniciar el proceso.
La víctima tiene que estar casada con un ciudadano americano o un residente permanente legal. En el caso de convivir juntos pero no estar casados o de estar casados con un no residente no se puede aplicar por VAWA, pero podría haber otras opciones, como la visa U para víctimas de violencia.
En algunos casos es posible que también obtengan beneficios por VAWA los hijos y los padres de ciudadanos o residentes permanentes.
Pero no tiene que ser exclusivamente físico. Puede ser psicológico, emocional o, incluso financiero. Por ejemplo, es abuso amenazar al cónyuge con llamar a Inmigración para que le deporte o con quitarle o esconderle los hijos.
Lo importante es que tiene que producirse una situación que, en su conjunto, pruebe que hay abuso, control y crueldad por parte de un esposo sobre el otro.
La infidelidad no es considerado abuso. Así que si el problema es un asunto de cachos (cuernos), no aplica VAWA.
Pero no es necesario tener un reporte policial, fotos que muestren golpizas, informes médicos, etc. Ya que en muchos casos será suficiente si hay testigos que oyeron o vieron el abuso. Es muy importante hablar con un abogado de inmigración experto en temas de violencia doméstica para buscar la mejor estrategia para poder probar el abuso.La víctima del abuso puede ser el cónyuge del ciudadano o residente o el hijo/a del abusado, si es menor de 21 años y está soltero.
A pesar del nombre -VAWA son las iniciales en inglés de la Ley de Violencia contra Mujeres- lo cierto es que pueden aplicar tanto los hombres como las mujeres, ya que ambos pueden ser víctimas.Es cierto que en la inmensa mayoría de los casos las víctimas son mujeres, particularmente en los casos de violencia física. Pero también hay numerosos supuestos de abuso psicológico o financiero en contra de los hombres.
En casos de matrimonio con ciudadano en los que se tiene una green card condicional no es necesario esperar con el cónyuge que abusa a que se cumplan esos dos años para levantar la condicionalidad.
Si se vive una condición de abuso es recomendable asesorarse con un abogado antes de tomar ninguna decisión. Pero hay que saber que la ley permite levantar la condicionalidad sin el consentimiento e incluso conocimiento del cónyuge que abusa y, por lo tanto, no hay obligación de seguir viviendo con él (o ella).
La ley no lo pone como requisito. Antes de tomar una decisión sobre abandonar el hogar o permanecer en él hay que pensar sobre si se corre peligro viviendo en la casa. Y también sobre la credibilidad de una persona que dice que su cónyuge la abusa, pero sigue conviviendo con ella.
Recordar una vez más que la ley no impone nada en este punto. Hay personas que aguantan mucho y continúan viviendo con el abusador porque tienen miedo, o por los hijos, etc, y eso no quiere decir que no estén de verdad siendo maltratadas.
Es posible solicitar una green card por VAWA incluso en los casos en los que el matrimonio ha acabado en divorcio. Pero en estos casos es necesario que la solicitud se envíe antes de que se cumplan dos años a contar desde la fecha en la que se dictó el divorcio.
Por ejemplo, si una persona se divorció (fecha final) el 3 de enero de 2020, tiene de plazo para solicitar hasta el 2 de enero de 2022.
En los casos de matrimonios gays, de lesbianas, bisexuales o transexuales (LGBT, por sus siglas en inglés), las víctimas de violencia doméstica tienen las mismas opciones de protección que en los supuestos de matrimonios entre un hombre y una mujer.
La víctima ha de tener buen carácter moral, ya que según la ley ese es un requisito para que la petición pueda ser aprobada.
Cabe destacar que tener una orden de restricción o alojamiento no impide que se cumpla con este requisito de buen carácter moral. Sin embargo, incumplir dicha orden puede hacerlo así como reconocer violencias en corte de familia.
Las leyes migratorias impiden, con carácter general, arreglar los papeles dentro de EE.UU. a las personas que ingresaron ilegalmente. Sin embargo, hay excepciones por cuestiones humanitarias y el caso de VAWA podría calificar para ello.
Desde el lunes 24 de febrero de 2020 entró en vigor en todo Estados Unidos la nueva regla de “carga pública” que permite a funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) negar algunos beneficios migratorios, incluyendo la residencia permanente, a ciertos inmigrantes que reciban beneficios públicos.
De acuerdo con la agencia del Departamento de Seguridad Nacional, se define como “carga pública” a una persona que “probablemente se convierta en dependiente del gobierno para su subsistencia”.
A partir del próximo lunes 24 de febrero, se vinculará el uso de la asistencia pública con los méritos o requisitos para determinar si una persona “es inadmisible” tras haber solicitado la extensión de una visa, la admisión a Estados Unidos o el ajuste de su estatus (‘green card’).
La ley de inadmisibilidad por motivo de carga pública no es nueva. Hace más de 100 años que el Congreso estableció un estatuto que hace inadmisibles a Estados Unidos a personas que no pueden sostenerse a sí mismos.
Entonces, ¿qué pasará ahora? El nuevo protocolo establece de que el gobierno a partir de ahora tendrá más flexibilidad a la hora de negar visas o residencias si los solicitantes o miembros de su familia se van a beneficiar de ayudas públicas, entre ellas, por ejemplo, Medicaid, programa de alimentación para niños o los vouchers de alimentos.
“Si en un período de 3 años, la persona recibe por 12 meses consecutivos esa ayuda, el gobierno no permitirá que la persona ingrese a Estados Unidos como residente”, explica el abogado especialista en inmigración, Irving Gonzalez, a Univisión.
Esta regla afecta a los inmigrantes que, debido a una enfermedad, embarazo y otras discapacidades temporales, aprovecharon beneficios, subsidios, asistencia nutricional o asistencia para vivienda, sobre la cantidad permitida.
WASHINGTON—El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció hoy una nueva que implementa dos decisiones recientes del fiscal general acerca de cómo dos o más condenas por manejar bajo la influencia (DUI, por sus siglas en inglés) afectan los requisitos de buen carácter moral, y cómo los cambios posteriores a condenas y sentencias penales afectan las convicciones y sentencias para propósitos de inmigración.
El 25 de octubre, el fiscal general determinó en el Caso de Castillo-Pérez que dos o más condenas por DUI durante el período estatutario crean una presunción refutable de buen carácter moral. Al momento de solicitar un beneficio de inmigración para el cual se requiera tener buen carácter moral, un solicitante que tenga dos o más condenas por DUI podría superar esta presunción al presentar evidencia que tiene buen carácter moral, aún en el periodo durante el cual cometió los delitos de DUI. El término “conducir bajo la influencia de drogas o alcohol” incluye todos los delitos estatales y federales por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, lo que incluye conducir en estado de ebriedad, operar maquinaria bajo la influencia del alcohol o drogas y otras infracciones que hacen ilegal que una persona opere un vehículo de motor mientras esté impedido de hacerlo.
También, el 25 de octubre, el fiscal general decidió en el Caso de Thomas y Thompson que el “término de encarcelamiento o sentencia” por lo general se refiere a la sentencia penal original de un extranjero, sin tener en cuenta los cambios posteriores a la sentencia. Las órdenes posteriores a la sentencia que cambian la sentencia original de un extranjero solo serán relevantes para fines de inmigración si se basan en un defecto procesal o sustantivo en el proceso penal subyacente.
“En respuesta a dos decisiones recientes del fiscal general, USCIS actualizó recientemente las guías de políticas sobre cómo demostrar buen carácter moral para propósitos de inmigración”, dijo el director interino de USCIS, Mark Koumans.”Como lo indicó el fiscal general, esta guía mejora la seguridad pública al garantizar que los adjudicadores de USCIS consideren las convicciones de manejar bajo influencia con el estándar de escrutinio apropiado”.
Bajo la ley de inmigración estadounidense existen consecuencias de inmigración por condenas y sentencias penales, lo que en algunos casos hace que los solicitantes resulten inadmisibles, sujetos a deportación o inelegibles a un beneficio de inmigración. Además, ciertos beneficios de inmigración requieren que el solicitante demuestre que un extranjero tenga buen carácter moral para ser elegible al beneficio. Por ejemplo, los solicitantes de naturalización deben demostrar buen carácter moral.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está solicitando a cortes de inmigración de todo el país que retome casos de deportación ya cerrados por la vía administrativa de beneficiarios de la Acción Diferida (DACA), confirmó la agencia federal a CNN.
El medio informó este sábado de que ICE les indicó a través de un correo electrónico de que “la reprogramación de casos administrativamente cerrados está ocurriendo en todo el país”.
Esta afirmación confirma la denuncia de abogados y grupos de defensa de los derechos civiles que en las últimas semanas han llamado la atención sobre casos ocurridos en varios estados del país.
Las denuncias comenzaron a llegar semanas antes de que la Corte Suprema escuchara el pasado 12 de noviembre los argumentos sobre la disputa legal generada por la decisión del presidente Donald Trump de cancelar en septiembre de 2017 este programa que actualmente protege a unos 660.000 “soñadores” de la deportación.
Estos jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños de la mano de sus padres, también indocumentados, están a la espera de que la Corte Suprema decida en el primer semestre de 2020 si la Administración del presidente Donald Trump puede suspender DACA.
En caso de que el Máximo tribunal dé la razón al Gobierno, numerosos “dreamers” se verían de nuevo a las puertas de la deportación, pues en muchos casos el Gobierno cerró administrativamente sus casos con cargos no penales, como violaciones de tráfico, para que pudieran obtener DACA.
Pero al reabrir sus casos ahora la elegibilidad de los “soñadores” para renovar DACA estaría en peligro y abriría las puertas a su deportación cuando su permiso de residencia expire.
José Alonso Muñoz, portavoz de United We Dream, el mayor grupo de “soñadores” del país, dijo hoy a Efe que la confirmación de la reapertura de casos demuestra que el “plan último” del Gobierno Trump es deportar al mayor número posible de indocumentados.
En su opinión, no se trata solo de las redadas en lugares de trabajo o las detenciones de inmigrantes en la frontera, sino que los amparados bajo DACA también son una “prioridad” en su objetivo de acelerar las deportaciones.
En 2018, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, prohibió que los jueces de inmigración pudieran cerrar más casos administrativamente.
Además, a raíz de esta decisión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, indicó en un memorándum que planeaba reabrir unos 355.000 casos, muchos de los cuales estaban cerrados desde hacía mucho tiempo.
En una decisión dividida (2-1), un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló el jueves a favor de la nueva regla de carga pública del gobierno de Donald Trump, pero la medida seguirá en suspenso hasta que se resuelvan demandas pendientes en tribunales de otros circuitos.
Los jueces determinaron que la suspensión de la nueva regla provocaría al DHS un “daño irreparable”, que la suma de dificultades “favorece una estadía” y que la estadía de los extranjeros en el país es un asunto “de interés público”.
El fallo también señala que desde 1882, cuando el Congreso promulgó el primer estatuto migratorio, la ley prohíbe la admisión a Estados Unidos de “cualquier persona incapaz de cuidarse a sí mismo sin convertirse en una carga pública”.
La norma en suspenso permite a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) negar beneficios migratorios, incluso la residencia legal permanente (green card), a extranjeros que utilizan ayudas públicas tal como cupones de comida, asistencia médica o ayuda para el pago de la vivienda, entre otros.
Las sentencias prohibieron al gobierno la implementación de la nueva norma, que de acuerdo con organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, grupos religiosos y abogados, afectaría a miles de extranjeros, sobre todo de bajos recursos económicos que incluso califican para recibir ciertos tipos de asistencias por parte del Estado.
Advierte además que, para hacer esta determinación, el funcionario consular, al momento de cursar una petición de visa o beneficio migratorio, como mínimo debe tener en cuenta una serie de factores, entre ellos edad, salud, estado familiar, activos, recursos y estado financiero, educación y habilidades de la persona.
Si entra en vigor, “la nueva regla cambiará fundamentalmente quiénes somos como país, transformándonos de un país que acoge a las personas que quieren esforzarse para mejorar su vida, en un país manipulado para favorecer a los ricos”, habvía dicho poco antes del dictamen el National Immigration Law Center (NILC).
“Según la política vigente, los ciudadanos extranjeros que usan beneficios no monetarios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y Medicaid, no se consideraban carga pública. Pero la nueva regla cambia el concepto para incluir esos y otros programas de beneficios no monetarios”, advirtió.
El Departamento de Justicia celebró el dictamen de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito y confía en que al final de la disputa jurídica el gobierno de Trump implemente la nueva regla.